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Abogados aseguran que Gobierno incurre en delito de desobediencia al indicar que las multas siguen vigentes

(Amelia Rueda) Más de 30 alcaldes presentarán una nueva demanda, pero para solicitar esta vez que se anulen todos los decretos de la restricción vehicular sanitaria, incluso, pedirán traerse abajo el decreto que estableció la emergencia nacional por la pandemia del Covid-19.

Así lo anunció la mañana de este lunes el abogado de los alcaldes, José Pablo Badilla, quien aseguró que el Gobierno, específicamente el ministro de Comunicación, Agustín Castro, incurre en el delito de desobediencia al indicar que las multas siguen vigentes, cuando se tiene el fallo del juez, Alcevith Godinez, indicando la suspensión de la medida.

“La demanda formal va a quedar presentada el día de hoy (lunes) o a más tardar el día de mañana (martes). Lo que hay que entender es que están suspendido todos y cada uno de los decretos ejecutivos que tienen que ver con la restricción vehicular, incluyendo los decretos ejecutivos madres, por decirlo de alguna manera, los de marzo y abril que son los que Presidencia y los ministros del ramo han venido prorrogando, prorrogando y prorrogando”, dijo el jurista al agregar que la demanda no tiene ningún interés económico, sino que busca la anulación de todos los actos dictados de forma ilegal.

Para el abogado, es necesario que el Gobierno entienda que la resolución del juez no anula únicamente dos decretos, sino que la aclaración es muy clara al expresar que “se deja sin efecto la política pública constituida para la aplicación de la restricción vehicular sanitaria” hasta que se resuelva el fondo, para lo que se presentará la demanda.

Badilla dijo que la demanda va a reiterar los argumentos que se expresaron en la medida cautelar presentada en agosto, y agregó, que se profundizará en pruebas y argumentos.

Multas

Para los abogados de los alcaldes es muy claro que la restricción vehicular sanitaria está suspendida en este momento y por eso piden a los conductores retomar la libertad de uso de vías.

Los juristas señalaron que si un oficial de tránsito emite una multa por esta causa, es deber del ciudadano hacerle entender al tráfico que está incurriendo en un error al sancionar con una ley que se encuentra suspendida. Además, agregaron que si aún así reciben la infracción, deben impugnar.

“Nuestro criterio es legal”, añadió el abogado al indicar que a partir del viernes anterior todas las multas que se aplican son ilegales. Adicionalmente, afirmó que, en caso de que se logre la anulación de todos los decretos, será responsabilidad de cada conductor solicitar la devolución del dinero (en caso de que pagaran la infracción).

Caso contrario a lo expresado por los abogados de los alcaldes, se encuentra la opinión del Gobierno, que mediante un comunicado de prensa enviado la noche del viernes anterior indicó “¡Evite multas! Restricción vehicular sigue vigente”, explicando que la decisión judicial no estaba en firme y que la Procuraduría General de la República (PGR) iba a apelar la resolución.

A criterio de los juristas, la apelación que se realice no detiene la obligación de acatar la orden del juez y por esa razón acusan a las autoridades del Ejecutivo del delito de desobediencia.

AmeliaRueda.com consultó a la PGR sobre la apelación que se iba a presentar. Se indicó a este medio que el trámite ya se realizó y reiteraron lo expresado por el Gobierno: que la medida no está en firme.

“La sentencia del Juez Alcevith Godinez y su correspondiente adición es expresa en su literalidad. Él acordó la suspensión de los Decretos Ejecutivos número 425554 y 42555 que fueron modificaciones a la franja horaria de la restricción vehicular, los cuales ya habían sido derogados tácitamente al momento de dictarse la sentencia cautelar, por el Decreto N. 42576 que se encuentra vigente, y por ende, desplegando todos sus efectos jurídicos. De ahí que no sea procedente suspender una restricción vehicular cuyo fundamento normativo no ha sido suspendido o anulado en vía jurisdiccional. El decreto madre que le dio origen, así como su última reforma, están vigentes al día de hoy. Por tanto, son de acatamiento obligatorio.

“Adicionalmente, la apelación en contra de la sentencia ya fue presentada, y será el Tribunal de Apelaciones quien decida el fondo del asunto. Por lo que al continuar judicializado el tema señalado, la Procuraduría General de la República no dará declaraciones.”, respondieron.

Ver noticia completa (Fuente original ameliarueda.com )